Arizona encabeza a otros estados en tratos creados por la industria de prisiones privadas al garantizar que las camas de las prisiones se llenarán de un 90 al 100 por ciento en las seis facultades de prisiones privadas a nivel estatal.
Las compañías de las prisiones privadas atan a los estados a contratos en los que tienen que llenar cierto porcentaje de camas en la prisión o pagar de cualquier manera, lo cual asegura las ganancias e ingresos al costo de los contribuyentes de impuestos.
Arizona les gana a las cuotas de presos en todos los estados con tres facultades de prisiones privadas que requieren 100 por ciento de ocupación. Las criticas argumentan que esto estimula mantener las camas de la prisión llenas, yendo en contra del curso de muchos estados de reducir la población en las prisiones, tiempo de condena y el gasto de los correccionales.
Los estados de Arizona, Luisiana, Oklahoma y Virginia son los únicos estados con cuotas más altas de 90 por ciento.
Las prisiones privadas operan en 33 estados y 65 por ciento de las facultades de prisiones privadas a nivel estatal o de condado requieren cláusulas, de acuerdo con el reporte del grupo anti-privatización In the Public Interest (en español, En interés del público).
Andrew Wilder, oficial de información del Departamento Correccional de Arizona, dijo que el propósito de los contratos era permitir que las compañías privadas se recuperaran de la inversión de capital inicial necesaria para hacer camas.
“Los contratos de las camas privadas son de 10 años con dos opciones de renovación por 5 años, después el estado es dueño de la instalación”, dijo Wilder. “El uso de estos arreglos contractuales permite al estado fundar el costo de la capital de construcción de las nuevas instalaciones con el tiempo y evita la carga de financiamiento directo o costos de construcción iniciales”.
El contrato más reciente es de 20 años e incluye 1,000 camas nuevas de seguridad media con una cláusula que exige un 90% de ocupación en el Centro Correccional de Detención de Red Rock, el cual se opera por la empresa Correction Corporation of America (CCA), la compañía de prisiones privadas más grande de la nación.
Se le requiere al estado destinar $17.6 millones para hacer las 1,000 camas nuevas. Además, le cuesta $24 millones anualmente operar y mantener esas camas.
Las prisiones privadas de Arizona alojan el 13 por ciento del total de la población carcelaria, lo cual ocupa el doceavo lugar de los porcentajes más altos del país.
Paul Ashton del Instituto de Políticas de la Justicia (Justice Policy Institute), una organización sin fines de lucro dedicada a reducir el tiempo de encarcelamiento, llamó a Arizona un “terreno de cultivo propicio para la privatización de prisiones”.
Arizona encarcela a más residentes per cápita – 589 por 100,000 residentes – que cualquier otro estado del oeste y sigue solo a otros cinco estados en el sur. El Departamento Correccional de Arizona prevé que la población carcelaria crecerá anualmente con 900 presos.
Daniel Scarpinato, portavoz del Gobernador Doug Ducey, dice que el gobernador quiere cambiar el curso del crecimiento de la población carcelaria, pero la última propuesta presupuestaria exige sumar 1,000 camas más cada año hasta el 2019.
Scarpinato dice que los contratos son alternativas para el ahorro de costos para crear una instalación de prisión completamente nueva, para albergar la población de presos creciente de Arizona, lo cual pudiera costar cientos de millones de dólares.
“Tenemos que asegurarnos que estamos protegiendo la seguridad del público y a los contribuyentes de impuestos”, dice Scarpinato.
Un factor del crecimiento proyectado se le atribuye a que Arizona es uno de tres estados que implementan por completo la ley “La Verdad en la Condena” (Truth in Sentencing Law), la cual exige que todos los presos cumplan un mínimo del 85 por ciento de sus condenas. Arizona también clasifica dentro de los más altos de la nación por la duración de las condenas por delitos sin violencia.
Como resultado de estas políticas de condena, más personas se encarcelan y menos son puestas en libertad.
Ashton dice que las Políticas de Justica se oponen a las cláusulas que aseguran una ocupación en las prisiones privadas porque usan el dinero de los contribuyentes para fundar una entidad privada que se beneficia por el crecimiento de encarcelación.
“La única forma de que el modelo de las compañías de prisiones privadas tenga éxito es agregando a más gente a la prisión y dejarlos ahí”, lo cual crea incentivos adversos para los legisladores que desean reducir el número de personas encarceladas porque, de cualquier manera, el estado paga por esas camas, dice Ahston.
“Es una estrategia única de las compañías de prisiones privadas para que sus ingresos se mantengan estables,” agregó.
The Sentencing Project, un grupo de investigación y defensor de las reformas de justicia penales, reportó que en las últimas dos décadas la compañía CCA, operadora de seis prisiones privadas en Arizona, obtuvo un aumento de ingresos de más del 500 por ciento.
El informe financiero del año completo del 2015 de la compañía CCA, declara ingresos de $1.79 mil millones el último año, comparado con $1.65 mil millones en el 2014.
Ashton dice que el auge de las prisiones privadas ocurrió en los 80s como un resultado de la epidemia del crack y la promoción del Presidente Reagan para la privatización.
La pregunta se convierte en: ¿dónde pone Estados Unidos a todos los nuevos presos y cómo paga por ellos?, dice Ashton.
El argumento era que las compañías privadas pueden hacerlo mejor y más barato que el estado, explicó Asthon, pero, “30 años después, no hay un conjunto de investigación que declare que lo hacen mejor y más barato que las instalaciones del estado”.
Ashton agregó: “Para que estas compañías recorten costos y aumenten ingresos, comúnmente no proporcionan el mismo nivel de servicios que las prisiones del estado”, tales como tratamiento para las adicciones u oportunidades educacionales.
Caroline Isaacs del comité American Friends Service Committee, una organización dedicada a los servicios sociales, de justicia, paz y humanitarios, citó un estudio del 2012 que reportó, “Arizona gastó más de $10 millones en prisiones privadas” de entre el 2008 y 2010.
El informe también identificó una comparación en costos por el Departamento Correccional de Arizona, dónde en muchos casos, las prisiones privadas cuestan más que su equivalente público.
“El argumento”, dice Asthon, “se reduce a que estamos creando un negocio privado al encarcelar a gente”, y el gasto corre a cuenta de los contribuyentes.
David McGlothlin es un periodista para Arizona Sonora News, un servicio de la escuela de periodismo con la Universidad de Arizona. Contáctese con el a su correo [email protected].
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