A pesar de que se añadieron nueve jueces de inmigración en febrero, los tribunales de inmigración de los Estados Unidos están sufriendo una acumulación severa de casos pendientes.

Los gastos de inmigración no son proporcionales con el dinero que se ha gastado en la seguridad fronteriza, dejando a los tribunales con un incremento constante de casos y tiempos de espera. Esta acumulación deja a  miles de personas en el limbo por lo menos por 2 años y los tribunales no tienen los recursos suficientes para atacar el problema.

“Creo que en los últimos 10 años solamente veíamos el crecimiento exponencialmente cada año. Los casos amontonándose unos arriba de otros”, expresó Gerald Burns, un abogado de inmigración en Chandler y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Arizona. “A nivel nacional el acumulamiento está fuera de control”.

El tribunal de Phoenix es uno de los últimos dentro de los tribunales lentos

Los tribunales de Los Estados Unidos tienen más de 470.000 casos acumulados y un promedio de espera de casi 670 días, de acuerdo con los datos recopilados por el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Syracuse, la cual acumula, analiza y distribuye datos. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, el tribunal de inmigración del gobierno federal bajo el departamento de justicia, la incorporación de nueve jueces nuevos al principio del año sumó un total de 254 jueces de inmigración. A pesar de los esfuerzos para mitigar la sobrecarga del sistema, aún hay más de 1,800 casos pendientes por juez y en algunos tribunales los números son aún más grandes.

Desde enero, Arizona tiene casi 13.000 casos pendientes y un promedio de más  de dos años de espera, unos 730 días.

Phoenix es el penúltimo tribunal más lento en el país con un promedio de espera de 882 días por caso y casi 10.000 casos pendientes que han de ser vistos por los cuatros jueces del tribual según TRAC. Solamente los tribunales de Denver tienen esperas más largas con un promedio de 933 días. Otros tribunales en Arizona no son tan lentos. Por ejemplo, los tribunales de Eloy y Florence, que tienen que ver por la mayor parte con los inmigrantes en detención, resuelven casos en un promedio de 150 días. Sin embargo, los casos en Tucson están acumulados por más de un año y medio.

“Cuando lo comparas con el sistema de justicia penal, nunca se escucha que un caso penal durará más de un año”, dijo Burns. “Pero en el tribunal de inmigración es común que un caso se extienda por cinco, siete, ocho años”.

En enero, un juez de Florence fue trasladado a los tribunales de Phoenix, incrementando el número de jueces de tres a cuatro. Mientas que el número de asuntos disminuyeron un poco entre diciembre y enero, el promedio de espera incrementó por 10 días, de 872 en diciembre a 882 en noviembre, de acuerdo con TRAC.

“Hay toneladas de flujo y reflujo, pero lo que parece que nunca acabará es la lista inmensa de casos en los tribunales de inmigración que las pequeñas estrategias administrativas dirigidas a la solución del problema no parecen generar diferencia significativa”, mencionó Burns.

La falta de equilibro entre los tribunales de inmigración y la seguridad fronteriza

Una de las razones por el incremento de acumulación continuo es debido al gasto desproporcional, según Faye Hipsman, una asociada analista de política con el Instituto de Política  Migratoria, un centro de estudios independiente, establecido en Washington, D.C.

Durante los últimos 10 años, el gasto en la seguridad de la frontera y el interior “ha aumentado tremendamente la canalización de los casos hacia los sistemas de los tribunales de inmigración”, dijo Hipsman. “Pero el financiamiento para los tribunales de inmigración no se mantiene al corriente”.

Los presupuestos para el 2015 para los Agentes de Aduanas y la policía fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y la policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue un total de $18 mil millones (un incremento de 105 por ciento desde el 2003), mientras que el presupuesto para los tribunales migratorios fue de unos $350 millones (un incremento de 74 por ciento desde el 2003), de acuerdo con el informe del Consejo Americano de Inmigración “Bancas Vacías”.

El congreso ha propuesto fondos moderados para los tribunales de inmigración, incluyendo disposiciones para 55 jueces nuevos en el proyecto de ley de asignaciones del 2016, conforme al Instituto de Política Migratoria. Pero el exceso de casos sigue creciendo mientras que el dinero para los jueces del tribunal, el personal y la infraestructura se demora detrás de la demanda, agregó Hipsman.

“Hemos visto que el gobierno le está arrojando dinero al problema”, expresó Burns. “es como arrojar cubetas de agua a un gran incendio. ¿Hace una diferencia? Es muy temprano para saberlo, pero creo que la respuesta probablemente es no.”

Los aumentos de migración de Centroamérica también han contribuido a los atrasos, justificó Hipsman. “Se han visto estos atrasos por varios años”, ella mencionó, “pero los hemos visto crecer considerablemente por los últimos dos años desde el aumento en la inmigración de Centroamérica en el 2014”. Es más probable que las personas de Centroamérica acaben en un tribunal que las personas de México, que con frecuencia son deportados inmediatamente, aclaró Hipsman, porque los emigrantes de Centroamérica son más propensos a pedir asilo.

Los asuntos de Centroamérica se han puesto en prioridad por el gobierno de los Estados Unidos, demorando el plazo de espera para todos los otros procesos inmigratorios. La prioridad de los asuntos Centroamericanos puede ser visto como una forma de disuadir un influjo de emigrantes de esa región, dice Burns. Pero no está funcionando en los tribunales.

“Eso ha desplazado algunos casos, pero al fin del día, no impacta a los números”, aclaró Hipsman.

Este rastreo rápido de los asuntos de Centroamérica también preocupa a los abogados y activistas ya que a los solicitantes de asilo, especialmente los menores de edad que no vienen acompañados, no se les da el tiempo apropiado para preparar su caso en lo que le llaman “rocket dockets” o calendarios acelerados, la cual es una técnica para acelerar los procesos en los tribunales.

“Estas son mujeres y niños. Es muy incómodo. Es muy inquietante cuando estás en el tribunal y ves a niñitos caminando por ahí”, Burns redacta. “Estos asuntos son muy complejos”.

Casi medio millón en Limbo

Se cuestiona la habilidad de los tribunales de impartir justicia cuando hay medio millón de personas esperando a que les llegue su fecha en el tribunal y cuando hay casos nuevos cada día.

Los tipos de asuntos varían ampliamente, señaló Hipsman. Algunos solicitan asilo. Unos intentan luchar contra una orden de deportación. Otros son asuntos con bases familiares con parientes ciudadanos norteamericanos. “Todos están incluidos en este atraso”, indicó ella.

Los asuntos de asilo atrapados en este atraso son “absolutamente trágicos”, expresó Lynn Marcus, de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Universidad de Arizona.

Los asilados que huyen de la violencia, la guerra u otros peligros en sus países de origen sufren con esperas largas. Son separados de sus familiares y no se pueden ir de Estados Unidos mientras que sus casos están pendientes.

“En los casos de asilo, estas personas tienen familiares en sus países de origen que quieren traerse”, indicó Gloria Goldman, una abogada de inmigración establecida en Tucson. Las esperas largas significa que la vida de sus seres queridos está en peligro.

También esto lo hace más difícil para argumentar sus casos, porque las situaciones en sus países de origen cambian y la memoria falla, expresó Marcus.

Los inmigrantes que esperan en centros de detención son particularmente vulnerables. Aunque los casos en detención a menudo son prioridad, la espera aún puede ser extensiva.

“Las personas detenidas, debido a estos retrasos, algunas veces terminan esperando por años en detención”, agregó Hipman.

Los detenidos esencialmente son encarcelados, separados de la familia y se les limitan sus derechos. Esto puede conducir a que las personas se den por vencidos en alegaciones legítimas porque ya no quieren seguir esperando, dijo Marcus.

“Es una experiencia traumatizante”, agregó ella.

El año pasado, más de 400.000 personas fueron colocadas en un centro de detención de inmigración, aunque no todos los casos llegarán al tribunal de inmigración. De los 170,000 casos de inmigración completos en 2014, 37 por ciento de las personas estaban en un centro de detención durante el proceso. De esos que fueron detenidos, 51 por ciento eran de los tribunales de Arizona, Texas y California.

Los centros de detención han enfrentado averiguaciones por poner la salud de los inmigrantes en riesgo al no satisfacer los criterios del ICE, conforme a el informe del 2016 de la Unión de Libertad Civil Americana, la Red de Observación de Detenciones y el Centro de Justicia Nacional para inmigrantes. Desde octubre del 2003, ICE ha reportado 155 muertes en custodia. El Centro de Detención de Eloy, en manos de la Corporación Correccional de América, está entre los más mortales. Catorce personas han muerto en Eloy desde el 2004, incluyendo por lo menos cinco suicidios.

Las esperas largas en detención también conducen a costos mayores. El gobierno norteamericano es responsable por pagar por lo menos 34,000 camas en centros de detención por día a un precio de por lo menos $160 por cama diarios o casi $2 mil millones anuales.

Los inmigrantes que no son detenidos con frecuencia tienen esperas más largas. Para unos, puede ser beneficioso si no tienen un caso sólido, pero otros sufren.

“Para las personas que tienen casos sencillos donde van acabar con amparo legal permanente, demora el proceso por meses o años, hasta por tres años en algunos casos”, Hipsman expresó. “Para esas personas, se le produce el elemento difícil de la incertidumbre en sus vidas”.

En el año del 2014, 72 por ciento de todos los casos iniciales resultaron en expulsión y a menos del 27 por ciento se les otorgó alivio o se concluyó el caso, según el Departamento de Justicia.

Para esa gente que finalmente son expulsadas, quedarse en Norteamérica por años hace la partida más dolorosa, de acuerdo con Hipsman. “Han tenido la oportunidad de quedarse aquí y talvez han tenido hijos o se han integrado a la comunidad en donde viven”, agregó. También existe la posibilidad que las personas que han esperado por mucho tiempo sin una audiencia judicial no se presenten.

“Es justificable pensar qué si a alguien le dan una fecha para una audiencia que en dos años sería la primera, es más probable que no vengan o no se presenten”, Hipsman explicó. “Pero es difícil asegurar”.

¿Más jueces, más justicia?

“La demora de la justicia es justicia negada”, dijo Burns. “Cuando estás esperando una respuesta para tu caso por cinco años, aunque sea positiva o negativa, es muy difícil. La ley puede cambiar diez veces en el plazo de cinco años”.

Para atacar el problema, hay una gran necesidad en incrementar significantemente el número de jueces, de acuerdo con el informe de la organización de Human Rights First,

quien recomendó agregar de 275 a 300 jueces de inmigración dentro de los siguientes tres años.

Hasta se podrán necesitar más jueces dentro de poco ya que un grupo grande se va a retirar dentro de un año, Hipsman informó. Más o menos 130 jueces son elegibles para retirarse a los últimos de septiembre.

La reparación del atraso va a requerir dinero para el personal y la infraestructura, además de los jueces, señaló Hipsman.

“Es el paso más lógico hacia delante, excepto los cambios sobre a quién poner en el tribunal de inmigración y a quién no”, mencionó ella. “Pero esas preguntas son más importantes para el asilo y como son tratados los que cruzan la frontera”.

El atraso es tan desalentador, que algunos dicen que aún con la incorporación de más jueces, la única solución está en los cambios de la política.

Muchos en el proceso inmigratorio pueden salir ganando en la acción deferida, como los de DACA y DAPA, que actualmente están bajo el Tribunal Supremo, agregó Burns. Estas políticas permiten que ciertos emigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños o que tienen hijos ciudadanos permanezcan en los Estados Unidos, aunque no se les proporciona ningún estatus legal.

Burns tiene la esperanza de un plan comprensivo que resuelva la situación de más de 11 millones de personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos hoy en día.

“Sin una reforma no sé si este problema algún día se resolverá”, mencionó Burns.

Kendal Blust es una reportera para el Noticiero Arizona Sonora, un servicio de la Escuela de Periodismo con la Universidad de Arizona. La puede contactar en [email protected].

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